Desalojo Violento de familias Mbya Comunidad Tekoa Kokuere´i en San Ignacio. Misiones
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El desalojo violentode tres familias
Mbya de la comunidad Tekoa
Kokuere’i en San Ignacio el sábado 8
de Julio sin ninguna orden judicial ni administrativa por un grupo de personas
que se presentó en esta localidad con
machetes, motosierras y otros elementos, destruyendo sus viviendas y su centro
religioso en tierras que son de
propiedad comunitaria indígena. El hecho fue encabezado por Nicolás Federico
Skonieski que junto a otras personas,
aparentemente empleados de la Municipalidad de San Ignacio. El mismo sábado
tomo intervención el INAI y desde el Consejo Consultivo a través de su
presidente Félix Díaz se tomo contacto con el INAI a fin de que intervenga
inmediatamente en este hecho. Esta comunidad cuenta con relevamiento
territorial de comunidades indígenas
según la Ley 26.160. Este hecho no es aislado dado que la Municipalidad
de San Ignacio tiene antecedentes y un accionar de ocupar las tierras indígenas
de varias comunidades asentadas en esa
zona. Hace más de un mes ocurrió algo similar,
con tres familias de la comunidad de Chapa’i donde la Municipalidad con
topadoras, herramientas y maquinarias de esa Municipalidad desalojaron y
destruyeron sus viviendas. Es sorprendente la complicidad que tiene la
municipalidad de San Ignacio con los empresarios y dueños de tierras,
generalmente terratenientes que aducen propiedad legal de dichas tierras pero
que en su momento fueron relevadas por el INAI
y están asentadas en tierras de propiedad comunitaria indígena. Los
guaraníes de San Ignacio, ha sido un pueblo jesuítico guaraní y desde hace cientos de años vienen ocupando
en forma pacífica las tierras de lo que actualmente es San Ignacio, es
decir territorio guaraní. Pese a los
artilugios legales o propiedades que puedan existir con títulos particulares y
empresas, las tierras de San Ignacio en general han sido siempre parte indiscutible del
territorio nacional y ancestral del pueblo guaraní. Este accionar violento que
genero miedo en las familias y mucho temor fue en contradicción a la Ley 26.160 que
prohíbe los desalojos de comunidades indígenas. Con el accionar del Consejo
Consultivo, el INAI
se comunicó con el gobierno de Misiones a través del Ministerio de Derechos
Humanos para que revea la situación. Entre el domingo y el Lunes las familias
desalojadas regresaron a las comunidades y por el momento se encuentran en el
lugar. El presidente del Consejo y Qarashe qom, Félix Díaz se comunicó con el
cacique de la comunidad de apellido Garay para transmitirle la preocupación y
el accionar del Consejo para garantizar
los derechos territoriales de esta comunidad indígena. Ayer hubo una reunión de los caciques de San
Ignacio que van a determinar el accionar conjunto, que medidas van a tomar ante estos atropellos. El Consejo
Consultivo continuará en reuniones con el INAI precisamente para ver que líneas
de acción se tomarán desde el Estado Nacional a fin de garantizar el
cumplimiento de la Ley 26.160 y que todas las comunidades que estén en San
Ignacio tengan garantías sobre las propiedades comunitarias. En San Ignacio hay
13 comunidades indígenas y los peligros de desalojos nos mantienen en estado de alerta. Cualquier
información iremos ampliando.
VIOLENTO DESALOJO DE UNA COMUNIDAD MBYA
En el día de ayer, 8 de julio, sin orden judicial y con pleno conocimiento de la Ley Nacional que prohíbe los desalojos a Comunidades Indígenas, según expresó uno de los actores del hecho, Nicolás Federico Skonieski que junto a otras personas, entre ellos empleados de la Municipalidad, desalojaron de manera violenta a un grupo de familias pertenecientes a Tekoa Kokuere’i en la localidad de San Ignacio.
Llaman la atención las frecuentes asociaciones entre la Municipalidad y los propietarios aparentes o empresas cuando se trata de lastimar, atropellar y despojar a las Comunidades Mbya de los derechos que tienen como Pueblos Preexistentes.
Con machetes y motosierras derribaron las viviendas y luego las incendiaron en presencia de niños y mujeres, que eran mayoría en el lugar, provocándoles mucho miedo y llanto.
La Comunidad cuenta con los documentos que acreditan que esas tierras fueron reconocidas como territorio tradicional, actual y público de la Comunidad Kokuere’i por parte de una Resolución del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.
Nos llego recién esta excelente noticia que comunica su esposa Gabriela Torres a través de Félix Díaz, Presidente del Consejo Consultivo: "Agustín está libre". Gran alegría luego de una larga lucha desde el 14 de Abril para lograr su libertad, Agustín Santillán, luchador incansable por los derechos de su pueblo wichí. Saludamos a la familia en este día especial. Ampliaremos
El Consejo Consultivo comparte la nota del Diario Opinión Ciudadana con la entrevista a Ercilia Aguero, hermana wichi de Ingeniero Juárez, Directora del Instituto de Comunidades Indígenas ICA que con gran dignidad y valentía denuncia la situación de violencia que vienen sufriendo los hermanos por la venta de droga y alcohol que venden la gente de los políticos. http://www.diariopinion.com.ar/noticias/2017/04/24/13610-directora-del-ica-en-juarez-el-conflicto-no-esta-superado-es-cierto-nuestros-hijos-consumen-drogas-que-venden-la-gente-de-los-politicos-y-nadie-hace-nada
CONSEJO CONSULTIVO Y PARTICIPATIVO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA. Decreto 672/2016. Resolución 2016-597-F-APN-SECDHYPC.MJ Buenos Aires 11 de Diciembre de 2017 AL PRESIDENTE DEL SENADO DE LA NACION LIC.GABRIELA MICHETTI S/d De mi mayor consideración FELIX DIAZ en carácter de Presidente del CONSEJO CONSULTIVO Y PARTICIPATIVO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE LA REPUBLICA (en adelante CCPPIRA), en la órbita de la SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL, dependiente del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA NACION. Conjuntamente con el DR JUAN GOMEZ, constituyendo domicilio en ESPACIO MEMORIA Y DERECHOS HUMANOS sitio en Av. Del Libertador N°8151 CABA, TEL 011 5300-4000 int 72910, mail consejoconsultivodhypl@jus.gob.ar respetuosamente nos dirigimos a UD. A fin de manifestarle nuestra preocupación al PROYECTO DE LEY, con número de EXPEDIENTE 68/17, proveniente de la CAMARA DE DIPUTADOS, EXPEDIENTE 3525-D2017. Que tiene por objeto la CR
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